Recuerdan, en este  Día del Orgullo LGBTI, que existe una deuda histórica pendiente por parte de quienes componen los tres niveles de gobierno en las entidad.

Por Redacción.

Mérida, Yucatán, 28 de julio de 2020.-A pesar de que Yucatán ha sido vanguardia en resoluciones judiciales que han protegido y reconocido derechos de personas LGBTI, generando precedentes cuyo impacto va más allá de la entidad, estas determinaciones no se han visto reflejadas en la adopción de políticas públicas por parte de las autoridades del estado. 

Así lo indicaron las asociaciones civiles Grupo Indignación y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) en un comunicado conjunto, a proposito del Día Internacional del Orgullo LGBTI.

Recordaron que en Yucatán todavía no se reconoce normativamente el matrimonio igualitario, tampoco se ha discutido la iniciativa presentada para reformar la Ley del Registro Civil para permitir el cambio administrativo de las actas de nacimiento de las personas trans. 

En el estado, tampoco se han tipificado en el Código Penal los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia, a pesar de tener un alto índice de delitos con esos componentes; además, no se han establecido políticas públicas en el ámbito de la educación, la procuración y administración de justicia y la salud, por mencionar algunos, que reconozcan la realidad y los derechos de las disidencias sexuales. 

Indicaron que muchas de estas peticiones fueron planteadas en una agenda que varias organizaciones civiles presentaron  a las y los candidatos previo a las elecciones de 2018, pero ninguno de los temas ha sido retomado por quienes ahora son gobierno.

“Lo anterior representa no solamente una clara muestra de la ausencia de voluntad política para reconocer derechos a un grupo históricamente discriminado, sino una clara muestra de homofobia y  transfobia institucional, una de cuyas más claras expresiones la dio la actual legislatura  del Congreso del estado al negarse, el año pasado,  en dos ocasiones y en una vergonzosa votación secreta,  a reconocer el matrimonio igualitario”, precisaron Indignación y Unasse. 

Por tal razón, recalcaron que es indispensable recordar, en este  Día del Orgullo, que existe una deuda histórica pendiente por parte de quienes componen los tres niveles de gobierno en Yucatán. 

“El reconocimiento de derechos para un sector discriminado e invisibilizado no es una dádiva, sino una obligación que tienen todos los poderes en los tres ámbitos de gobierno. En Yucatán esta deuda subsiste, y en esa lógica nuevamente exigimos a las autoridades del estado, que establezcan las medidas legislativas y administrativas necesarias para que se garantice el derecho de todas las personas a la igualdad, con independencia de su orientación sexual e identidad de género”, insistieron.  

Autoridades homofóbicas

En entrevista, la abogada de Unasse, Amelia Ojeda Sosa, señaló que entre los principales obstáculos a los que se enfrentan en la lucha por los derechos de las personas LGBTI es que en Yucatán existen autoridades homofóbicas y discriminadoras.

Indicó que son ignorantes de sus obligaciones o no les importa dejar de cumplirlas, a pesar de que las Constituciones federal y estatal les exigen hacerlo por el cargo que tienen. 

“Ellas y ellos no están allá porque le cayeron bien a la gente, más bien buscaron esos puestos porque pretendían hacer algo por las personas y ese algo no es lo que se le ocurra o quieran, está establecido en la legislación”, indicó la activista.

En ese sentido, Amelia Ojeda recordó que el artículo 1 constitucional  establece las premisas de igualdad y no discriminación, por lo que lamentó que en Yucatán no existan políticas públicas encaminadas a esos objetivos.