El organismo formuló ese recurso al Fonatur para que suspenda de manera urgente las actividades “no esenciales” del proyecto del Tren en la Península  y así evitar contagios de Covid-19.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 14 de mayo de 2020.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, al agravarse la contingencia sanitaria por el Covid-19,  emitió Medidas Cautelares a favor de los pueblos originarios de la Península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que de manera urgente suspenda las actividades “no esenciales” del proyecto de construcción del Tren Maya. 

En un comunicado oficial, este organismo solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región.

Las Medidas Cautelares fueron emitidas  luego de la queja presentada por comunidades mayas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de la Península de Yucatán, a través de la cual manifiestan un inminente riesgo de contagio de Covid-19 por la implementación del proyecto Tren Maya durante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal.

Como hemos informado, dichas agrupaciones presentaron la queja ante la CNDH a fin de evitar el contagio y la propagación del coronavirus entre los trabajadores del proyecto y los habitantes de la península.

La CNDH sostuvo que emitió estas medidas “frente a la compleja adversidad que afecta la salud del pueblo de México durante la fase 3 de la pandemia”.

Tras darse a conocer el comunicado, las asociaciones que interpusieron la queja señalaron que aunque la Comisión no especifica a qué se refiere con actividades “no esenciales”, asumen que son las enumeradas en los decretos que ha emitido la Secretaría de Salud al respecto de la declaración de Emergencia Sanitaria desde el 29 de marzo del año en curso.

“Si bien las medidas no hacen referencia a la posible violación al derecho a un medioambiente sano, así como a las vulneraciones derivadas de la falta de consulta y consentimiento informado hacia las comunidades indígenas, sí evidencia la arbitrariedad con la cual el ejecutivo federal y específicamente Fonatur, han actuado al mantener, a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos, la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionada por diversos sectores”, precisaron estas agrupaciones civiles.

Cabe recordar que la queja fue interpuesta hace unos días por la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Grupo Indignación, Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. (Foto de Robin Canul)