Y aunque la UADY se deslindó de los jóvenes, al concederse la suspensión de plano en el juicio de amparo tendrá que verificar que el lugar en donde hagan su servicio social cumpla con los parámetros de seguridad.

Por Claudia Arriaga.  

Mérida, Yucatán, 01 de mayo del 2020.- Un juez concedió la suspensión de plano en el juicio de amparo a pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), al considerar que no se les proporcionó los insumos adecuados para garantizar su seguridad y evitar contraigan COVID-19 durante su servicio social en los hospitales de la Secretaría de Salud estatal (SSY).

Según lo establecido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, Carlos Solís Briceño, las autoridades señaladas como responsables deberán adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contagio.

En entrevista, uno de los jóvenes afectados, Jorge Waldemar Ramos, detalló que esta lucha legal es por el respeto de sus derechos humanos, pues entre las irregularidades cometidas por la SSY dieron de baja a un estudiante que probablemente haya contraído coronavirus.

“Ahí se da cuenta de las amenazas para obligarnos a ir sin importarle nuestras vidas. La Secretaría debería contratar médicos experimentados y no solo contar con estudiantes y por no querer invertir nos envían a nosotros para cubrir estas plazas”, señaló.

Además, el criterio del juez contradice a la propia Universidad, que previamente en un comunicado había señalado que las y los pasantes no se encuentran escolarizado ni matriculados y mucho menos inscritos en la Facultad de Medicina. Es decir, negó toda relación con las y los jóvenes.

En ese sentido, Waldemar Ramos dijo que el hecho de haber presentado los exámenes para titulación no debería eximir a la UADY de apoyarlos en la situación que están enfrentando con la SSY. “Según la norma oficial mexicana aún somos estudiantes de la Facultad de Medicina por definición” alegó.

 “La UADY  deberá verificar que el lugar donde desempeñan sus funciones cumple con los parámetros mínimos referidos o en caso contrario, les asignen una zona para la realización de su servicio social conforme al acuerdo por el que se establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, se lee en el documento.

Cabe recordar que el conflicto inició tras un anuncio del 7 de abril donde la UADY anunció la separación de las y los estudiantes de las clínicas adscritas por falta de seguridad en la crisis sanitaria.  Pero al día siguiente se retractó y en otro comunicado invitó a las y los jóvenes a seguir asistiendo, pues se llegó a un acuerdo con la SSY para que les entreguen kits de seguridad.

Y aunque también señalaron no habría sanciones para quienes acaten las primeras instrucciones, inició el acoso y amenazas por parte del personal de salud estatal.

Otro de las indicaciones de la suspensión de plano es el cese inmediato cualquier acto de tortura, malos tratos, o algunos prohibidos por el artículo 22 constitucional hacía las y los pasantes; y otorgan un plazo de 24 horas para que las autoridades adopten las medidas adecuadas.

En cuanto al plazo de contestación, la SSY y la UADY tendrán un periodo de 15 días para presentar sus argumentos al juez.