Conforme pasan los días de la emergencia sanitaria, en las localidades se decretan toques de queda, aislamientos de comisarías, bloqueos al libre tránsito y detenciones arbitrarias, lo que va en contra de la Constitución y los derechos humanos. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 12 de marzo de 2020.- Toques de queda, aislamiento de comisarías, bloqueo al libre tránsito, detenciones arbitrarias y amenazas a la población, son algunas de las anomalías que se han detectado en muchos de los municipios de Yucatán en la actual contingencia sanitaria del Covid-19. 

Tal es el caso de Izamal, desde que una mujer falleció por coronavirus, el ayuntamiento ordenó el toque de queda. Ningún habitante puede salir a la calle a partir de las 9 de la noche y quien lo haga, podría ser detenido.

En otro caso, las autoridades de Xocchel, Tahmek y Hoctún se pusieron de acuerdo para restringir la entrada de personas foráneas a sus comunidades, es decir, quien quiera ingresar tendrá que demostrar con identificaciones oficiales que es residente. Para impedir el paso, colocaron cintas amarillas y cercas de alambre.

En Sacalum, los propios pobladores bloquean los caminos con piedras y palos para que nadie ingrese, y en Chapab los policías municipales incluso le negaron la entrada a personal de la Secretaría de Bienestar que se dirigía a entregar apoyos.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, existe un desorden público en varias localidades y hay presidentes municipales que se han extralimitado en sus funciones. 

Por tal razón, reiteró que el Congreso del Estado debe vigilar a las y los alcaldes yucatecos en esta emergencia sanitaria y llamarles la atención para que realicen un buen desempeño. Precisó que las y los legisladores estatales pueden destituirlos de sus cargos, por lo que los exhortó a no extralimitarse ni violentar los derechos de la población.

“Los alcaldes están violentando el derecho al libre tránsito contemplado el artículo 11 constitucional, y al mismo tiempo vulnerando derechos humanos. Las decisiones que están tomando carecen de todo fundamento jurídico y pueden generar un caos, porque van en contra de las medidas establecidas por los gobiernos federal y estatal”, precisó el abogado y académico René Ramírez sobre este mismo tema.

El también analista político declaró que estamos ante una vulneración del Estado de Derecho, en la que el miedo está siendo la base para que las y los alcaldes tomen decisiones ilegales.

En ese mismo punto, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ha hecho un llamado a las autoridades municipales a no extralimitarse en las medidas implementadas por la contingencia del Covid-19 y, por supuesto, no violentar el artículo 11 constitucional que protege el derecho al libre tránsito.

Y es que conforme pasan los días de la contingencia, la situación se pone cada vez peor, sobre todo desde que se han confirmado los primeros casos de personas enfermas de coronavirus en los municipios del interior del estado. 

Los pobladores de Ticul han manifestado que sufrieron actos de discriminación luego que se dio a conocer que una persona se contagió. Gente de comunidades aledañas no les permitió el paso y los bajaban de los vehículos de transporte público.

En Tekax y Oxkutzcab también se restringió la entrada a personas que no sean originarias y es obligatorio que quienes salgan a la calle usen cubrebocas. 

En Peto, el alcalde Edgar Calderón aprovecha la contingencia para hacerse promoción personal con anuncios en las entradas y en los filtros sanitarios, mientras que en Valladolid, el presidente municipal Enrique Ayora Sosa derramó escombro para bloquear a la comisaría maya de Kanxoc.

No les dejan ir trabajar

La diputada Silvia López señaló que como parte de este desorden público en las localidades, se han enterado de casos en los que las autoridades no permiten que sus propios pobladores salgan a la calle para ir a trabajar, lo que va en detrimento de la economía familiar.

Recordó que aproximadamente el 60 por ciento de la población yucateca vive al día, por lo que si se siguen tomando decisiones arbitrarias en los municipios que impidan a la gente buscar su sustento familiar, podría haber repercusiones cuando se queden sin comida.

“Hay municipios en los que los alcaldes no le están permitiendo a la gente que aún tiene trabajo que se presenten a laborar. Esto puede traer consecuencias graves de vandalismo, de violencia, no sólo en la casa, sino afuera, cuando la gente se quede sin insumos, comida y medicinas para sus hijos”, advirtió.

La legisladora señaló que las autoridades municipales no deberían distraerse persiguiendo a sus pobladores o violentando el derecho al libre tránsito, más bien tienen que tomar acciones para que su población no se quede sin comida, pues actualmente con la emergencia sanitaria está aumentando el desempleo en las localidades yucatecas.