La Codhey hizo un llamado a las autoridades municipales a que las acciones de prohibir el paso en sus localidades sean bien pensadas y consensuadas, pero sobre todo que prevalezca la cordura y sensatez para evitar afectaciones mayores.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 02 de abril de 2020.- El temor a la propagación y contagio del COVID-19 que llevó a la limitación de la libertad de tránsito en más de 20 municipios de Yucatán, no solo podría ser anticonstitucional, también pone en riesgo el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

Ante tal situación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) exhortó a las autoridades municipales a asegurarse que con las medidas implementadas no se violenten las garantías individuales de las y los habitantes.

“Entendemos el temor que existe entre las personas de ser contagiadas por ese virus que hoy nos amenaza, sin embargo, para evitar su propagación debemos tomar acciones adecuadas y pertinentes que, sobre todo, estén ajustadas a la ley y no vulneren derechos humanos de terceros”, precisó el ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana.

Cabe mencionar que el artículo 11 Constitucional detalla que toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte. Los únicos facultados para impedir esto son la autoridad judicial o administrativa correspondiente.

Sin embargo, para algunos alcaldes poco importan las leyes de México y el bienestar de las comunidades.

Tal es el caso de la comisaría de Kanxoc en Valladolid, en donde, como informamos ayer, las autoridades vaciaron un volquete de escombro, bloqueando e incomunicándolo con el único cruce que lo conecta con la cabecera municipal. De tal hecho, las y los pobladores responsabilizan al presidente municipal, Enrique de Jesús Ayora Sosa

Sobre las drásticas medidas en este tiempo de contingencia, Sabido Santana aclaró que acciones como las multas, arrestos e incluso cárcel a quienes salgan a la calle no pueden ser aplicadas aún en México, ya que solo puede ser decretado por el Gobierno Federal. 

Por lo que exhortó a las autoridades a tomar acciones dentro de sus facultades, las cuáles están establecidas de en el Artículo 21 de la Constitución. “Hacemos un llamado a la sociedad a que esas acciones sean bien pensadas y consensuadas y en ellas prevalezca la cordura y sensatez para evitar afectaciones mayores” puntualizó.

Hasta el momento, Haz Ruido detectó a los siguientes municipios que colocaron retenes para «invitar» a quienes no sean habitantes a retirarse: Motul, Tahmek, Hoctún, Chocholá, Maxcanú, Celestún, Hunucmá, Peto, Cacalchén, Buctzotz,  Tizimín, Sucilá, Espita, Chapab, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilam González, Dzilam de Bravo, Baca, Muna y Progreso.