En el Congreso del Estado, funcionarios del Gobierno de Yucatán aclararon que los créditos que solicitarán no superarán el techo de endeudamiento de 2 mil 928 millones de pesos.

Sin embargo, recalcaron que el impacto económico que provocará el Covid-19 en la entidad será de 15 mil millones de pesos, por lo que pidieron a las y los diputados que aprueben la iniciativa de Vila del plan de contingencia. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de marzo de 2020.- La contingencia por el Covid-19 provocará un impacto económico por 15 mil millones de pesos en Yucatán, por lo que los dos empréstitos que solicitaría el Gobierno del Estado apenas mitigaría el 20 por ciento de esa afectación, indicaron integrantes del gabinete en una comparecencia en el Congreso del Estado.

La secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya; el jefe del Despacho del Gobernador, Edgar Ramírez Pech; y el titular de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores,entre otros funcionarios, se presentaron este lunes ante las y los diputados para detallar en qué consiste el plan para la reactivación económica enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal para su posible aprobación. 

En la sesión, recordaron que la propuesta es de 3 mil 228 millones de pesos, recursos que consideraron como insuficientes ante el impacto que provocará la pandemia en la entidad. Es un paliativo, señalaron, pues estiman una caída de seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB) local, equivalente a 15 mil millones de pesos.

Además, como también habrá incentivos fiscales para las empresas, el Gobierno del Estado dejará de recaudar aproximadamente 700 millones de pesos entre marzo y abril.

En ese sentido, Rosas Moya aclaró que el plan contempla una ampliación al presupuesto de este año hasta por mil 500 millones, que se distribuirán en apoyos a diversos sectores, incentivos y contingencia en salud; y el otro rubro es un empréstito hasta por mil 728 millones, para inversión de infraestructura productiva que reactivaría la economía de Yucatán.

Pero, recalcó la secretaria, entre los dos créditos no se puede superar el techo de financiamiento del Estado que es de 2 mil 928 millones de pesos, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera.

En su intervención, señaló que para la ampliación presupuestal se solicitará un préstamo que se pagará a corto plazo  -lo que resta de la administración estatal-, por lo que no se requiere de la autorización del Congreso.

En cambio para el otro empréstito, que se usará para obra pública, se necesita luz verde de las y los legisladores, ya que se pagará durante más de 20 años. En ese sentido, explicó que lo pidieron desde ahora porque el plazo estimado para gestionar el crédito bancario, realizar los trámites y las licitaciones,  puede demorar hasta tres meses.

¿Cómo se dividirá el plan de contingencia económica de Vila?

Al abundar del plan de contingencia económica, el titular de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores, señaló que de la ampliación presupuestal se usarán 500 millones de pesos para la prestación de servicios de salud y mil millones para el desarrollo económico y protección social y al empleo.

Para la contingencia de salud, de adquirirán insumos básicos y especializados, así como equipamiento de unidades médicas, que incluirá equipos de laboratorio, reactivos para diagnósticos, cuartos de aislamiento, sistemas de ventilación, camas de aislamiento, máquinas de anestesia, entre otras.

Sobre los programas de apoyo, dijo que 231 millones se irán a un Seguro de Desempleo, tanto para las personas que hayan perdido su trabajo o aquellas que no tienen empleos fijos y trabajen por su cuenta. Dijo que lo recibirán por dos meses, para aminorar los efectos del impacto en la economía familiar.

También se otorgarán apoyos alimentarios a 175 mil familias  de escasos recursos a través de despensas cada quincena durante dos meses, por lo que se tiene presupuestado 150 millones.

El plan de igual manera contempla apoyos al campo, a emprendedores y artesanos, a las micros y medianas empresas, y a los sectores empresarial y de vienda social.

Dudas, preguntas y enfrentamientos

Antes que la y los funcionarios ingresaran la salade Usos Múltiples «Consuelo Zavala Castillo», hubo discrepancias  entre las y los diputados de la Comisión de Presupuesto, sobre todo porque el presidente de ésta, el panista Víctor Merari Sánchez Roca, no había informado quiénes serían los que comparecerían. 

Las y los legisladores tardaron varios minutos para ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el mecanismo para que se aclaren las dudas de la iniciativa enviada por Vila, ya que no querían que la sesión se extendiera mucho tiempo, debido a la contingencia sanitaria.

En el acto, el diputado presidente del Congreso, Felipe Cervera Hernández cuestionó de forma crítica a Sanchez Roca sobre cómo decidió a qué funcionarios estatales convocar, a lo que el panista respondió que fue el gobernador quien definió a quiénes mandar a comparecer. 

“Pensé que estabamos en el Poder Legislativo y que aquí se había definido quiénes venían, no sabía que usted se puso a disposición del Ejecutivo para que mande a quién quiera”, reviró el priísta, lo que causó un momento incómodo para la bancada del PAN.

Y es que Cervera, en una entrevista previa, criticó a dicho diputado por no entregar al resto de sus homólogos las respuestas que envió el Gobierno de Yucatán sobre cómo se ejercerían los recursos del plan de contingencia. 

Ya en la sesión, el perredista Alejandro Cuevas Mena cuestionó que el gobierno sólo destine 857 pesos en despensas por cada familia en situación de pobreza, mientras que a las empresas les pretenda otorgar  créditos de hasta 2.5 millones de pesos sin garantías. 

“En esta situación es momento que los empresarios ponga parte de su utilidad para ayudar a quienes realmente lo necesitan… no se van a morir de hambre”, sostuvo.

En ese mismo punto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, declaró que este plan debe basarse en la justicia social, entregando apoyos a quienes más lo necesitan y que viven al día, por lo que hizo un llamado a que no se distribuya la mayor cantidad de recursos a los empresarios, porque están en una posición más privilegiada.

Por su parte, Milagros Romero Bastarrachea, de ese mismo partido, propuso la creación de una comisión de vigilancia del uso de los empréstitos que adquiera el gobierno, para evitar lo que ocurría en el pasado, “cuando  el dinero no llegaba a donde debía de llegar y los funcionarios se quedaban con los recursos en especie y en efectivo”.

Tras las comparecencias, se dispuso un receso para que las y los integrantes de la comisión analicen las respuestas de los funcionarios y continúen con la discusión de la iniciativa para su posible aprobación.